El proyecto de difusión que se propone para examen en este artículo se inició a finales de 1993, cuando se desencadenaron en Burundi las llamadas violencias interétnicas, tras la tentativa de golpe de Estado de octubre de 1993 y el asesinato del presidente Ndadaye y de varias altas personalidades del país. Ante la gravedad de las destrucciones materiales y humanas (generalmente se reconoce que hubo varias decenas de miles de muertos durante las primeras semanas) y ante la crueldad de los actos perpetrados, los delegados del CICR se mostraron primeramente reticentes a la idea de emprender una acción específica de difusión. Así pues, en un primer momento, se limitaron a una «demostración concreta»del gesto humanitario y a la utilización de mensajes radiodifundidos cuya prioridad era informar para facilitar el trabajo operacional.

1. Es fácil impugnar la opinión consultiva emitida, el 8 de julio de 1996, por la Corte Internacional de Justicia sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. No se necesita un gran esfuerzo de reflexión para ello: basta elegir entre las muchísimas críticas —por lo general muy duras— que pueden leerse en las declaraciones y los dictámenes (individuales o disidentes) que todos y cada uno de los catorce jueces presentes formularon, sea que estuvieran de acuerdo con la parte dispositiva en su totalidad sea que votasen en contra de uno u otro párrafo.

Por lo demás, hay motivos suficientes como para sentirse algo desorientados cuando se examinan los dictámenes de los jueces con respecto al fondo de la cuestión planteada por la Asamblea General, así como cuando tratamos de relacionar dichos dictámenes con el título del documento que cada uno de ellos eligió (declaración, dictamen individual, dictamen disidente), así como con el voto emitido.

Comentando la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destructión, concertada hace un cuarto de siglo (el 10 de abril de 1972), el analista estadounidense Lynn M. Hansen dice: «no hay nadie que contemple con agrado el espectro de la guerra boilógica. El espectro es real, sin embargo, puesto que el hombre ha aprendido cómo usar la biología para librar la guerra contra sí mismo». «Afortunadamente», continúa, «en 1972, la comunidad international declareó estas armas fuera de la ley». Ésta es la sustancia de la Conventión.

La jurisdicción penal international es un antiguo sueño que se va haciendo poco a poco realidad. Ya en el tratado de Versalles de 1919 se prevé —artículo 227— el enjuiciamiento del emperador de Alemania, Guillermo II, por un tribunal international para responder a la acusación de «ofensa suprema contra la moral international y la autoridad sagrada de los tratados». Pero, tras haber rehusado los Países Bajos entregar al acusado, el juicio nunca tuvo lugar y Guillermo II había de morir en el exilio neerlandés, el año 1941. En los artículos 228 y 229 se estipula la organización del enjuiciamiento de los criminales de guerra, pero su aplicación fue decepcionante en el proceso de Leipzig. En los juicios de Nuremberg y de Tokio, tras la Segunda Guerra Mundial, se registró indudablemente un progreso hacia una verdadera jurisdicción penal international. No obstante, estos procesos, que transparentaban demasiado su origen, simbolizaron más la aplicación de la ley y de la justicia de los vencedores que la de una comunidad universal de Estados.

La noche del 16 al 17 de diciembre de 1996, en el hospital del CICR en Novi Atagui, cerca de Grozni, 6 delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja fueron cobardemente asesinados por hombres armados.

A finales del verano de 1996, el CICR decidió abrir un hospital de campaña en Chechenia, a causa de los graves destrozos sufridos en los principales hospitales de Grozni y del gran número de heridos de guerra que no podían ser debidamente asistidos.

La Revista solició a varias personas que participaron en el proceso de codificación que comentaran los Protocolos de 1977 y su historia, así como los principales obstáculos con que se tropezó para su aprobación. Les pidió asimismo que respondieran a una pregunta decisiva: «¿qué importancia tienen actualmente los Protocolos?»

Publicamos los artículos recibidos en el orden alfabético de los apellidos de los autores:

George H. Aldrich

Igor P. Blishchenko

Yoram Dinstein

Dieter Fleck

Konstantin Obradovic

No todos los lectores compartirán las opiniones expresadas en las siguientes contribuciones, lo que es comprensible. En efecto, desde su aprobación, algunos aspectos de los Protocolos adicionales de 1977 han sido objeto de animados debates y hasta de apasionadas controversias.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los Estados, aterrorizados por la violencia desatada que hizo estragos en el mundo durante más de cinco años, ratificaron una refundición de los Convenios de Ginebra con la esperanza de que este sólido instruments de derecho permitiera preservar, incluso en la guerra, la dignidad de los seres humanos. Se comprometieron a respetar, en los conflictos armados tanto internacionales como internos, los derechos fundamentals de la persona humana y a limitar a lo estricto necesario el empleo de la fuerza para poner fuera de combate al enemigo. En los dos Protocolos adicionales de 1977 se refrenda esta voluntad.

1. A la vista de las 51 opiniones de la Corte de La Haya (28 de la Corte Permanente de Justicia Internacional y 23 de la Corte Internacional de Justicia), pocas dudas caben de que las dos opiniones del 8 de julio de 1996, tras solicitud de la Asamblea Mundial de Salud de la OMS y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, son hitos en la historia de la Corte, si no sencillamente en la historia.

Nunca se había solicitado a la Corte zanjar un problema jurídico situado en el meollo de las relaciones internacionales de los últimos 50 años y que supone, como dijo el vicepresidente señor Schwebel, «a titanic tension between practice and legal principle». Tarea delicada e ingrata porque, sobre la base del problema particular de la legalidad del empleo o de la amenaza del empleo de armas nucleares, la Corte había de pronunciarse sobre la validez de un comportamiento que, por haber sido hipotético, desde lo de Hiroshima y Nagasaki, no deja de ser el fundamento de la política de defensa de las más grandes Potencias del planeta.

Antes de abordar el tema de la Convencióon de 1972 sobre las armas boilógicas (en adelante, la Convención), deberíamos puntualizar que cualquier criterio sobre el tratado, desde la perspectiva de los países del Sur, sólo puede ser parcial; es decir, se trata de una perspectiva entre muchas otras posibles. Los países en desarrollo y los países no alineados pueden tener intereses y expectativas distintas, aunque igualmente legítimas, con respecto a un determinado instrumento internacional. De hecho, esa diversidad es, en sí, una de las características determinantes del «Sur», un término que utilizamos para clasificar por categorías a los Estados en desarrollo cuyo principal punto en común es el hecho de no estar alineados con ninguna gran potencia ni con cualquier otro país.

En materia de desarme, las diversas posiciones adoptadas por los distintos bloques de países en desarrollo constituyen una serie de intentos para definir un común denominador sobre diversas cuestiones. Son el resultado de un proceso de negociación, algunas veces arduo pero indispensable, a fin de que los países del Sur puedan evitar que las grandes potencias y las alianzas más consolidadas del Norte los dejen de lado. No hay que confundir los principios generales articulados por los coordinadores de grupo, a menudo con elocuencia y capacidad de previsión, con los diversos significados que puede tener un determinado tratado para los diferentes países en desarrollo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha estado ayudando a las víctimas del conflicto en ex Yugoslavia desde junio de 1991. Seis años después, sus delegados siguen prestando servicios en la zona, ocupándose de las consecuencias a largo plazo del conflicto; pero, a medida que la situación ha ido evolucionando, también ha evolucionado la índole del trabajo que desempeñan. Esto es cierto sobre todo por lo que hace a las actividades de difusión, que comenzaron como un esfuerzo concertado para promover una mejor comprensión del derecho internacional humanitario y del cometido del CICR, pero que actualmente se han orientado hacia las necesidades de la situación postconflictiva. La finalidad del presente documento es describir y analizar el desarrollo de las actividades de difusión en el contexto actual. Pese a que las actividades del CICR durante el conflicto se centraron principalmente en Croacia y en Bosnia-Herzegovina, y a que se despliegan actividades de difusión similares en las dos regiones, el presente documento se centra en las de Bosnia-Herzegovina.

Es un privilegio para el Comité Internacional de la Cruz Roja dirigirse a esta Conferencia, cuya finalidad es reforzar una de las primeras prohibiciones establecidas por el derecho internacional humanitario: la del empleo del veneno como medio de guerra. Esta norma no sólo se sustenta en la Declaración (2) de La Haya de 1899 y la Convención (IV) de La Haya de 1907, sino también en las normas relativas a la guerra de diversos sistemas éticos y culturales. En la Antigüedad, los griegos y los romanos tenían la costumbre de respetar la prohibición de emplear veneno y armas envenenadas. Hacia el año 500 a.d.C, en el Código de Manú, de la India, se prohibió el empleo de dichas armas y, un milenio más tarde, los sarracenos tomaron del Corán normas sobre la conducción de la guerra que proscribían el envenenamiento.

El Protocolo de Ginebra de 1925, precursor inmediato de la Convención sobre las Armas Químicas, se negoció en medio de una atmósfera de repulsa de la opinión pública por el empleo del veneno. Este Protocolo no sólo refrenda la prohibición de emplear gases tóxicos sino que prohíbe también el empleo de armas bacteriológicas. En un fogoso llamamiento, lanzado en 1918, el CICR concluía augurando que, si se aceptaba el veneno como medio de combate, se libraría «una lucha en la cual la barbarie alcanzaría proporciones sin precedentes».

Es la primera vez que se ha pedido a los jueces de la Corte que, mediante una Opinión consultiva, examinen de modo bastante pormenorizado normas de derecho internacional humanitario. Otros casos, por ejemplo el de Nicaragua, no habían exigido un análisis tan a fondo. La Opinión consultiva, por consiguiente, tiene particular intéres porque contiene varias observaciones importantes sobre la índole consuetudinaria de muchas normas de derecho internacional así como dictámenes interesantes con respecto a la interpretación de estas normas y a su relación con otras. La mayoría de los jueces basó su decisión final con respecto a la licitud o no de la amenaza o del empleo de armas nucleares en interpretaciones teolúgicas del derecho, considerando el derecho a la defensa propia como el valor fundamental o la supervivencia de la civilización y el planeta en su conjunto como primordial. Lamentablemente, el espacio no nos permite comentar estos importantísimos análisis de las bases del derecho humanitario y su finalidad en el orden internacional.

Mi opinión acerca de las negociaciones de los Protocolos de 1977 figura ya en una contribución que nice, hace 13 años, para el libro publicado en honor de Jean Pictet, y no la repetiré aquí. Sin embargo, teniendo en cuenta de los años transcurridos desde entonces, puede ser útil añadir algunos comentarios.

Aunque en aquel artículo examiné la eventual capacidad de los medios informativos, especialmente de la televisión, para sensibilizar, cuanto menos, a la opinión pública occidental y, por su mediación, a los Gobiernos occidentales, ante las crueles realidades de la guerra y a la imperiosa necesidad de mejorar tanto el derecho en este ámbito como su observancia, ahora pienso que subestimé el poder de la televisión. La cobertura televisiva de los últimos acontecimientos en ex Yugoslavia y en varias regiones de África influyó, sin duda, muchísimo en las decisiones políticas occidentales, tanto por lo que respecta a la intervención militar como a las sanciones por inobservancia del derecho. La constitución de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda sería inconcebible sin la previa y constante cobertura televisiva de las atrocidades acaecidas. Ha bastado lograr esta sensibilización para que las Naciones Unidas examinen seriamente la posibilidad de establecer un tribunal penal permanente, algo para lo cual, cuando negociamos los Protocolos, hubiera creído que tendríamos que esperar otro siglo.

En el marco de un seminario del CICR sobre técnicas de formación e información, un instructor describió, hace unos años, la posición del delegado encargado de la difusión en una delegación del CICR y —con ello la difusión en general— de la siguiente manera:

«Con frecuencia, la oficina del encargado de la difusión del derecho internacional humanitario en una delegación del CICR está al final de un largo pasillo, al fondo del todo, entre el depósito de material de oficina y los lavabos. Sin embargo, las más de las veces, éste no se encuentra allí porque él —o ella— está dando conferencias, sea en establecimientos militares sea en universidades o en compañía de voluntarios de la Cruz Roja Nacional. Cuando por fin conseguimos ver —y solo durante unos instantes— a nuestro delegado encargado de la difusión en su oficina, lo hallamos atareado con tijeras, papel y pegamento; está intentando hacer una octavilla o un cartel, a lo mejor incluso, un pequeño folleto.

Los Tribunales Penales Internacionales, instituidos por el Consejo de Seguridad en 1993 y 1994, están a punto de demostrar que la represión internacional de las violaciones graves del derecho internacional humanitario ha dejado de ser un concepto meramente teórico. Veintiún acusados y sospechosos han sido transferidos a la sede del Tribunal de Arusha, y el Tribunal de La Haya ha dictado dos fallos condenatorios. Estos Tribunales no sólo tienen competencia para perseguir y enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario, sino que, de conformidad con los respectivos Estatutos, deben hacerlo velando por que las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos del acusado sean plenamente respetadas en todas las fases de las diligencias incoadas.En el artículo 20 de los Estatutos del Tribunal para Ruanda y en el artículo 21 de los Estatutos del Tribunal para ex Yugoslavia, que reproducen el contenido de las disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, seenumeran pormenorizadamente los derechos de que puede beneficiarse la persona acusada.

«Más que técnica, la seguridad [del personal humanitario sobre el terreno] es una cuestión de orden político. Ninguna norma, ninguna protección reemplaza al establecimiento de una red de contactos con todas las partes para convencerlas de la neutralidad, de la imparcialidad y de la independencia del CICR. En la medida en que los jefes de las tropas contendientes perciben al CICR como «partisano», éste se convierte en un bianco potential. En cambio, la neutralidad —y, sobre todo, la percepción de dicha neutralidad por los combatientes (…)— son la mejor garantía para las partes en conflicto de que el CICR no es una amenaza. La actitud neutral de los delegados del CICR convence a los combatientes de que su acción humanitaria no tiene incidencia militar alguna». He aquí una de las bases del concepto de seguridad que elaboró el Comité Internacional de la Cruz Roja hace unos años para aplicarlo en sus actividades cuando arrecian los conflictos.

La aprobación, en 1977, de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra es un acontecimiento de gran significación histórica. A causa de los desarrollos de las armas, los Estados estaban convencidos de que era necesario aprobar nuevas normas de conducta en los conflictos armados: se perfeccionaban los métodos de empleo de las armas convencionales que causaban casi el mismo número de víctimas que las armas de destrucción masiva, afectando a todos sin excepción, causando estragos en el medio ambiente y, consiguientemente, poniendo en peligro la supervivencia de países enteros. Así pues, los Estados decidieron consensuar nuevas normas de conducta en caso de conflicto armado.

1. El mayor éxito de la Conferencia Diplomática de 1974–1977 para la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados fue la aprobación del Protocolo adicional II relativo a las conflictos armados no internacionales. Las guerras civiles suelen ser las más cruentas y devastadoras, pues las partes en el conflicto tratan de obtener ventajas a toda costa. Casi por primera vez en la historia de las relaciones internacionales, lo que podía parecer una cuestión de orden interno fue objeto de un acuerdo internacional, según el cual las partes en un conflicto en el territorio de un Estado tienen la obligación de aplicar el derecho internacional.

El Tribunal Penal International para ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) fueron instituidos el 11 de febrero de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, por decision del Consejo de Seguridad para enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario. La finalidad del Consejo de Seguridad era poner término a tales violaciones y contribuir a restaurar y a mantener la paz. Con el establecimiento de los dos Tribunales ad hoc se ha dado, sin lugar a dudas, un gran paso en esa dirección y se da a los autores de dichas transgresiones y a las víctimas la inequívoca señal de que ya no se volverá a tolerar tal comportamiento.

En este artículo se trata brevemente el tema de la obligación jurídica de los Estados de respetar el derecho internacional humanitario y de instruir a las respectivas fuerzas armadas acerca de ese derecho. Se abordan, asimismo, las cuestiones prácticas que ello puede entrañar y cómo pueden resolverse o afrontarse. Se expondrá el enfoque adoptado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con respecto a la formación en general y el enfoque particular por lo que atañe a Asia meridional.

La Revista prosigue su labor de informatión sobre las diversas cuestiones que plantea la tragedia de Novi Atagui, Chechenia, donde fueron asesinados seis colaboradores de la Cruz Roja cuando prestaban servicios en uno de los hospitales de la Cruz Roja. En el número de marzo-abril de 1997 se describieron los hechos y se reseñaron las conclusiones preliminares formuladas por el CICR, así como las implicaciones que éstas tienen para la conductión de sus operaciones. En la presente editión, la presidenta de la Cruz Roja Noruega, Astrid Nøklebye Heiberg, analiza de qué manera una Sociedad National que perdió a dos de sus colaboradores en tan aciagos sucesos ha reaccionado en semejante situatión y qué lecciones se han aprendido para el futuro. En otra contributión, el doctor Barthold Bierens de Haan da cuenta de cómo el CICR ayuda a sus delegados sobre el terreno a enfrentar situaciones de tensión que pueden surgir en cualquier circunstancia.