«Lograr que las Sociedades Nacionales colaboren estrechamente en las actividades operacionales del CICR (asignando temporalmente personal o por mediación de la delegación de proyectos o proyectos bilaterales) para, por una parte, mejorar la capacidad operacional del Movimiento ante las nuevas necesidades y, por otra parte, para responder al deseo de las Sociedades Nacionales de intensificar sus actividades internacionales y hacer que se conozcan mejor«.

Ante todo, cabe señalar que, aun hoy, no todas las situaciones post-conflictivas se caracterizan por la restauración de una verdadera paz. A menudo, se trata de un estado en que el conflicto continúa de manera más o menos larvada, que va desde actos hostiles aislados, a veces terroristas, hasta operaciones militares que, a pesar de ser beneficiosas, mantienen un clima de beligerancia. En tal contexto, resulta difícil garantizar la seguridad que es indispensable para el funcionamiento de la justicia. Este funcionamiento está, pues, condicionado por un factor de índole esencialmente política: sin un consenso real para poner término a la lucha armada es imposible restablecer un orden en que la justicia pueda ser considerada como un objetivo tangible.

En los últimos cincuenta años, la lucha contra la tortura ha sido uno de los principales temas de interés del derecho relativo a los derechos humanos. El primer texto jurídico internacional para prohibir específicamente la «tortura» fue la Declaratión Universal de Derechos Humanos (artículo 5). El primer tratado para prohibir la tortura, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), se aprobó poco después, en 1950. El año 1984, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas se convirtió en el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de nuestro tiempo.

En el derecho internacional humanitario no se aborda directamente el derecho a la información, pero puede ser útil poner de relieve algunos de sus elementos al examinar el derecho a la información en tiempo de conflicto armado.

En 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, se consideraba que los derechos humanos y el derecho humanitario eran campos separados. Desde la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán el año 1968, la situación ha cambiado drásticamente y ahora se considera que los dos ámbitos son ramas distintas de la misma disciplina. Son varios los factores que han contribuido a esta confluencia, entre los que se cuentan la importancia creciente del derecho penal internacional y la incriminación de las violaciones graves de los derechos humanos. Ése es el tema del presente artículo.

Las imágenes secuenciales de divisiones, conflictos y sufrimientos se emplean profusamente hoy en día para calificar el continente africano. Incluso cuando no necesariamente reflejan tópicos afro-pesimistas, obvían, voluntaria o involuntariamente, las tradiciones seculares de respeto del ser humano y de sentimientos elevados de humanidad, afianzadas en todos los parajes del continente.

En la Primera Guerra Mundial, se recurrió, por primera vez, al empleo generalizado de agentes químicos en los principales frentes bélicos, lo que causó un número sin precedentes de víctimas. Apenas terminada la guerra, se desplegaron esfuerzos para proscribir estas armas. La Sociedad de Naciones se encargó de elaborar las normas específicas, poniéndose así de relieve la convicción de que esta cuestión era de interés mundial y no sólo de las potencias victoriosas. El 17 de junio de 1925, firmaron el Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos 26 Estados. En este tratado, se prohíbe categóricamente recurrir a medios de combate químicos y biológicos. Aunque la firma del Protocolo despertó grandes esperanzas de una efectiva prohibición de las armas químicas, la adhesión al tratado progresó lentamente. Varios Estados, que, a todas luces, dudaban de que el Protocolo pudiera aplicarse con la firmeza prevista en el texto, formularon importantes reservas.

La desmembración de Yugoslavia y la guerre en Bosnia-Herzegovina son el primer gran conflicto que ha tenido lugar en territorio europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Confronta a políticos, estrategas militares, periodistas y colaboradores humanitarios por igual con desafíos desalentadores que con frecuencia plantean grandes dilemas. La guerra puso en tela de juicio de muchas maneras la capacidad de la comunidad internacional para dar respuesta a los problemas que se plantearon y satisfacer las necesidades que surgieron. También el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se vio enfrentado a este desafío.

Son muchos los Estados que han debido afrontar, a lo largo de su historia, situaciones de disturbios interiores y tensiones internas, tan graves a veces que hicieron peligrar sus intereses esenciales. Esas situaciones, que se caracterizan por actos de rebelión y de violencia cometidos por facciones más o menos organizadas contra las autoridades, o entre las propias facciones, se distinguen de las calificadas como conflictos armados no intemacionales, en que la intensidad de tales actos es mayor. Para poner fin a esos enfrentamientos y restablecer el orden perturbado, las autoridades se sirven, con frecuencia de considerables efectivos policiales e, incluso, de las fuerzas armadas. Esto da necesariamente lugar a una alteración del estado de derecho, caracterizada por graves violaciones en gran escala de los derechos humanos, que causan sufrimientos generalizados entre la población.

Veintiséis de julio de 1953. Un grupo de oponentes al régimen del general Fulgencio Batista, dirigido por Fidel Castro, intenta asaltar el cuartel de Montecada, en Santiago de Cuba, pero fracasa. Castro es capturado y condenado a quince años de cárcel. En mayo de 1955, se beneficia de una amnistía general; sale de Cuba y emigra a México.

La cooperación entre el Comité International de la Cruz Roja y la Cruz Roja Briténica se ha limitado tradicionalmente a la asignación de fondos, puesta a disposición de delegados y contribuciones en especie de la Sociedad National a los programas del CICR. La participación efectiva en las operaciones del Comité se ha extendido, a lo sumo, a contribuciones específicas para un país o programa determinados. Esta Sociedad Nacional no interviene en las tareas de planificación, ejecución o estudio del CICR, aunque asigna con regularidad a la Institució al menos 25% de su presupuesto para las actividades internacionales y pone a disposición delegados sobre el terreno. Este porcentaje está aumentando y, en los últimos tres años, las contribuciones de la Cruz Roja Británica ascendieron al 50% de su presupuesto internacional, lo que supuso más de 15 millones de libras esterlinas en 1996. Además, actualmente el 12% de los delegados del CICR procede de esta Sociedad Nacional.

Tras años de incesantes esfuerzos y cinco semanas de intensas y difíciles negociaciones, se aprobó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), presentado para su firma el 17 de julio de 1998 en Roma. Este acontecimiento histórico es un importante paso en la batalla contra la impunidad y hacia un mayor respecto del derecho internacional humanitario. Durante demasiado tiempo ha sido posible cometer atrocidades con total impunidad, lo que ha dado carta blanca a los criminales para que siguiesen cometiendo delitos. Está claro que el sistema de represión estipulado en el derecho internacional tiene sus deficiencias y que ha llegado el momento de adoptar nuevas normas y crear nuevas instituciones para garantizar el enjuiciamiento efectivo de los crímenes internacionales. Un tribunal penal, nacional o internacional, no detiene el crimen pero puede tener poder de disuasion y, por consiguiente, puede ayudar a disminuir el número de víctimas. Por lo tanto, bienvenidos sean los resultados logrados en Roma, con la esperanza de que el nuevo Tribunal pueda desempeñar su cometido sin restricciones.

En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno británico manifestó clararnente su intención de conceder la independencia a la India.

A partir de entonces, el conflicto entre los ingleses y los nacionalistas indios pasó a segundo piano, a medida que se iba acentuando el antagonismo entre hindúes y musulmanes. Los primeros, reunidos en el Partido del Congreso dirigido por Yawaharlal Nehru, deseaban mantener la unidad de la India y formar un gobierno integrado por representantes de ambas comunidades. Los segundos, agrupados en torno a la Liga Musulmana presidida por Muhammad Alí Yinnah, exigían la creación de un Estado musulmán separado: Pakistán. La problemática era tanto más complicada cuanto que los aproximadamente trescientos millones de hindúes, seis millones de sikhs y cien millones de musulmanes que poblaban la India en aquella época no ocupaban zonas claramente delimitadas, particularmente en los territorios de Penjab y de Bengala, donde la población era mixta.

El mes de abril pasado, el representante del secretario general de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos, señor Francis Deng, presentó a la Comisión de Derechos Humanos, en su 54° período de sesiones, un informe con una adición titulada Principios Rectores de los desplazamientos internos (en adelante, Principios Rectores). La Comisión aprobó por consenso una resolución, apoyada por más de 50 Estados, en la que, inter alia, toma nota de la decisión del Comité Permanente entre Organismos de acoger con satisfacción los Principios Rectores y alentar a sus miembros a que compartan dichos Principios con sus juntas ejecutivas, así como de la intención manifestada por el señor Deng de utilizar los Principios Rectores en su diálogo con los Gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Estos Principios son un hito importante en el proceso de elaboración de un marco normativo de aceptación general para la proteción de unos 20 a 25 millones de personas desplazadas internamente en todo el mundo.

El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) era uno de los 600 invitados del embajador japonés en Lima, aquel 17 de diciembre de 1996. Cuando el comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) efectuó una espectacular toma de rehenes, el delegado, que se identificó ante los miembros del MRTA, no se pregunto si actuaba cotno intermediario: sencillamente, actuó, porque la situación así lo requería, porque la integridad fíisica de cientos de personas estaba amenazada. Aquel delegado era yo. Al actuar de ese modo, no hice sino repetir el gesto humanitario de cientos de delegados del CICR en todo el mundo, el gesto de Henry Dunant en Solferino y de otros en diferentes lugares. Esto es: acudir en auxilio de las víctimas de la violencia. Y en eso consiste ser un intermediario neutral, o sea, intervenir voluntariamente en el fragor de los enfrentamientos para socorrer a quien lo necesite. En este sentido, el término «intermediario» define perfectamente la acción del CICR ensí, su base humanitaria.

El debate internacional sobre el tema de las personas desplazadas en el interior de su propio país, muy intenso en los últimos años, ha experimentado recientemente un desarrollo importante: la elaboración de los «Principios Rectores sobre el desplazamiento de personas en el interior de su propio país» (en adelante, Principios Rectores). Tienen la particularidad de reunir en un mismo documento elementos de tres ramas del derecho internacional público: derecho internacional humanitario, derecho de los derechos humanos y derecho de los refugiados. Esta combinación merece especial atención.

Como protector de las víctimas de la guerra en todo el mundo, el Comité Intemacional de la Cruz Roja ha sido testigo de los cada vez más devastadores efectos de la proliferación de armamentos, particularmente de las armas ligeras, para la población civil. La mayoría de las organizaciones de socorro conoce muy bien las dificultades con que tropieza la ayuda humanitaria en un entorno en el que las armas están fácilmente al alcance de muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, la relación entre la disponibilidad de las armas, el agravamiento de la situation de las personas civiles durante y tras los conflictos y los obstáculos que halla la asistencia humanitaria no se habia abordado directamente hasta hace poco tiempo.