Hoy resulta poco decir que «el estado del planeta» es sumamente inquietante. «Vivimos en un período de transitión histórica, caracterizado por una crisis de conciencia literalmente explosiva del conflicto entre las actividades humanas y los imperativos del medio ambiente», declaró recientemente la señora Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega, que preside la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Se comienza a librar una batalla decisiva, porque el planeta está efectivamente amenazado.

El accidente de Chernobil, la muerte de los bosques y la contaminatión de las aguas, el recalentamiento de la atmósfera y la amenaza que se cierne sobre la capa de ozono, así como la destrucción de nuestro patrimonio genético son otros tantos fenómenos que ilustran la necesidad de inspirar, apoyar y, llegado el caso, dirigir una acción tendente a proteger el medio ambiente a nivel local, zonal y mundial.

Desde la guerra de 1991 entre Irak y la Coalición se ha despertado mucho interés en la cuestión de saber cómo limitar los daños que las guerras causan al medio ambiente. Al plantear esa cuestión, es necesario tener en cuenta las incidencias de la guerra, y sacar algunas conclusiones de esa experiencia, así como de otras experiencias y de planteamientos más normativos.

Ya antes se preveía un gran riesgo de destrucción del medio ambiente en cualquier guerra que tuviera lugar en Kuwait; tanto más cuanto que, en septiembre de 1990, Irak había amenazado con destruir los pozos de petróleo. Así pues, por suerte o por desgracia, los que advertían el peligro de destrucción del medio ambiente describían el daño probable de manera apocalíptica y lo utilizaban como argumento contra el recurso a la guerra.

La problemática de la protección del medio ambiente en períiodo de conflicto armado ha dado lugar a numerosos debates y ha suscitado importantes trabajos durante los dos últimos años.

El pronunciado interés por esta cuestión parece explicarse por dos razones, al menos, bien distintas. Se hace en primer lugar —como es lógico— eco de los trabajos cada vez més ambiciosos tendentes a mejorar, a nivel nacional e internacional, la protección del medio ambiente en tiempo de paz. Además, responde a los temores nacidos durante el conflicto que hizo estragos en Oriente Próximo en 1990–1991 y después de éste.

Desde hace algunos años, varios organismos, particularmente las organizaciones no gubemamentales, dedican su atención a la situatión de las personas desplazadas en el interior de un país. El interés por la protección de los derechos humanos y la vocatión caritativa de esas organizaciones han hecho que se concentren en el fenómeno de las personas que abandonan su lugar habitual de residencia en un contexto caracterizado por la violencia política. La comunidad international ha tornado así conciencia simultáneamente de dos elementos: que en los países que afrontan un conflicto armado interno hay un elevado número de personas desplazadas, y que los enfrentamientos armados generan muy a menudo importantes movimientos de población. El desplazamiento de comunidades minoritarias puede convertirse incluso en una política deliberada.

Actualmente, ese aspecto, a veces ignorado, de los sufrimientos que causa la guerra, figura en el orden del día de la diplomacia multilateral. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar para recordar el derecho existente y trabajar para que se aplique.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 1992, los miembros de la Asamblea del CICR viajaron a Alemania para visitar, sucesivamente, el Servicio Internacional de Búsquedas (SIR) en Arolsen y dos secciones de la Cruz Roja Alemana (Turingia y Berlín).

Exceptión hecha de la visita a Solferino, es la primera vez que la Asamblea del CICR viaja al extranjero.

El 30 de septiembre, los miembros de la Asamblea asistieron a la presentatión del SIR organizada por su director, señor Charles Biedermann, y pudieron darse cuenta de la importancia y de la actualidad de las actividades del SIR.

Cabe recordar que el Servicio Internacional de Búsquedas fue creado en Londres, el año 1943, y que su objetivo es reunir, clasificar, conservar, aprovechar y poner a dispositión de las personas directamente concernidas toda la documentatión relativa a los ciudadanos alemanes y no alemanes que fueron perseguidos o estuvieron detenidos en los campos de concentratión o de trabajo nacionalsocialistas, así como a las personas no alemanas que fueron desplazadas a causa de la II Guerra Mundial.

De comienzos de septiembre a mediados de noviembre de 1992, el presidente del CICR, señor Cornelio Sommaruga, realizó sendas misiones en los siguientes países: República de Corea, China, República Democrática Popular de Corea, Francia (ante el Consejo de Europa en Estrasburgo), Gran Bretaña, Túnez y Estados Unidos.

Del 7 al 19 de septiembre de 1992, el señor Cornelio Sommaruga estuvo en visita oficial en China y en las dos Coreas. Fue la primera vez que un presidente del CICR efectuaba una misión en la República Democrética Popular de Corea.

En cada uno de los tres países visitados, recibieron al presidente del CICR los más altos dignatarios del Estado. En China, se entrevistá con los señores Li-Peng, primer ministro, Liu Huagin, suplente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Lu-Jian, primer viceministro de Justicia.

Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1992, se celebró en Mbabane, capital de Suazilandia, la III Conferencia Panafricana de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Participaron en la Conferencia, organizada conjuntamente por la Cruz Roja de Suazilandia y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 130 delegados de Sociedades Nacionales de África, así como de Sociedades Nacionales donantes de países de Europa, de Asia y de América. El CICR, que fue invitado como observador, estuvo representado por su vicepresidente, señor Claudio Caratsch, quien dirigía la delegatión, integrada por los señores Jacques Forster, miembro del Consejo Ejecutivo, Olivier Dürr, jefe de la División de Doctrina y Relaciones con el Movimiento, así como Edmond Corthésy, delegado general adjunto para África, Henry Fournier, delegado zonal en Harare y Hassan Ba, de la División de Cooperatión y Difusión.

La finalidad de la Conferencia era examinar las necesidades humanitarias en África y trazar un plan de acción de las Sociedades Nacionales africanas para los años noventa, en conjunción con la Estrategia de la Federación.

En su Asemblea del 4 de noviembre de 1992, el Comité Internacional de la Cruz Roja acordó reconocer a la Cruz Roja de Antigua y Barbuda (Pequeñas Antillas).

Con este reconocimiento, que suite efectos desde esa misma fecha, asciende a 153 el número de Sociedades Nacionales miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Del 2 al 4 de septiembre de 1992, tuvo lugar en San Remo la XVII Mesa Redonda sobre los problemas actuales de derecho internacional, organizada por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario (IIDH).

Asistieron a esta reunión, que se celebró bajo los auspicios del CICR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, del Centra de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional para las Migraciones y de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, unos 120 participantes, entre los cuales los representantes de unas quince Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como universitarios y representantes de misiones diplomáticas y de organizaciones no gubernamentales.

En esta Mesa Redonda, el CICR estuvo representado por los señores Yves Sandoz, miembro del Consejo Ejecutivo, director de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento, René Kosimik, jefe de las Divisiones Jurídica y Cooperación-Difusión, Jacques Meurant y Pierre Perrin, así como la señora Denise Plattner.

En general, se acepta que la asistencia humanitaria se ha convertido en un tema importantísimo debido a los recientes acontecimientos, que han incrementado el sufrimiento humano en muchas partes del mundo. Las situaciones que pueden darse son de diversa índole y los casos específicos de Irak, Somalia y ex Yugoslavia no son necesariamente típicos.

Del debate pudieron sacarse algunas conclusiones generales. Todos los participantes opinaban que en el derecho internacional humanitario se reglamentan detailadamente todas las cuestiones básicas relacionadas con la asistencia humanitaria en conflictos armados internacionales. No obstante, es necesario lograr que las normas del derecho internacional humanitario se apliquen por completo y de forma efectiva en todas las situaciones de conflicto armado.

… El 10 de abril de 1992, Turkmenistán presentó una declaraciñn de sucesión a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, que eran aplicables en el territorio de Turkmenistán en virtud de la ratificatión de dichos instrumentos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 10 de mayo de 1954 y el 29 de septiembre de 1989, respectivamente, sin pronunciarse sobre las reservas y la declaracion formuladas, en su día, por la Unión Soviética ni formular nuevas reservas o declaraciones.

Esta declaración de sucesión suite efectos, según indicatión de Turkmenistán, desde el 26 de diciembre de 1991, fecha de la ratificatión de la Declaración de Alma-Ata, por la cual se creó la Comunidad ampliada de Estados Independientes.

La República de Zimbabue se adhirió, el 19 de octubre de 1992, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protectión de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entrarán en vigor, para la República de Zimbabue, el 19 de abril de 1993.

Con esta adhesión asciende a 117 el número de Estados Partes en el Protocolo I y a 107 el de Estados Paites en el Protocolo II.

Australia reconoce, mediante su declaración del 23 de septiembre de 1992, la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta.

De conformidad con el artículo 90, párrafo 2, apartado a), del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Australia declara que reconoce ipso facto y sin acuerdo especial, con relatión a cualquier otra Alta Parte Contratante que acepte la misma obligatión, la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta para emprender una investigatión acerca de las denuncias formuladas por otra Parte.

Australia es el trigésimo primer Estado que hace la declaración relativa a la Comisión Internacional de Encuesta.

La República de Polonia reconoce, mediante su declaración del 2 de octubre de 1992, la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta.

De conformidad con el artículo 90, párrafo 2, apartado a), del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, la República de Polonia declara que reconoce ipso facto y sin acuerdo especial, con relatión a cualquier otra Alta Parte Contratante que acepte la misma obligatión, la competencia de la Comisión International de Encuesta para emprender una investigaciaón acerca de las denuncias formuladas por otra Parte.