El derecho consuetudinario relativo a la protección de la problación civil contra los efectos de las hostilidades se basa esencialmente en las reglas del derecho de La Haya. Su principio general figura en la Declaración de San Petersburgo (1868), según el cual «el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo».