La Sociedad Internacional de Derecho Penal Militar y de Derecho de la Guerra celebró, del 2 al 6 de septiembre, en Lausana (Suiza), su IX Congreso Internacional.

En el orden del día figuraban algunos problemas planteados por los recientes desarrollos del derecho de la guerra. Cada Estado debe formular directrices para las respectivas fuerzas armadas. Se trata, por una parte, de incluir las nuevas normas internacionales en el correspondiente sistema jurídico y, por otra parte, de añadir las puntualizaciones y las órdenes que requiere la aplicación de ciertas disposiciones.

Se consideró particularmente oportuno estudiar las cuestiones siguientes: refuerzo, en el nuevo derecho internacional, de la protección debida a la población civil contra los peligros ocasionados por las hostilidades; extensión de las categoryías de combatientes que se benefician, en caso de captura, del estatuto de prisionero de guerra, lo que conlleva problemas de responsabilidad y de interpretación; formación de asesores jurídicos ante las fuerzas armadas, cuyos estatuto y responsabilidad deben puntualizarse; adaptación del sistema judicial nacional y de las directrices al mando a fin de impedir las violaciones del nuevo derecho.