Primer ciclo de protesta (1950s–1973): El poblador como autoconstructor

El movimiento de pobladores surgió en la segunda mitad del siglo XX ante una crisis de vivienda resultante del explosivo crecimiento urbano de una ciudad capital incipientemente industrializada (Reference GarcésGarcés 2002).Footnote ⁵ En tales circunstancias, la toma de terrenos y la construcción de “campamentos” en las periferias de la ciudad se erigen como los principales elementos del repertorio de acción que va a caracterizar al movimiento.

La comprensión de este proceso de movilización popular no puede efectuarse sin considerar la notable capacidad de organización y de presión sobre el Estado que generó el movimiento desde mediados de los años cincuenta. Sobre todo a partir de la toma de la Victoria en 1957 (Reference GarcésGarcés 2002; Reference CortésCortés 2014), los pobladores comienzan a construir diversos tipos de alianza, ya sea con la Iglesia, partidos políticos o con los sectores más progresistas de las clases medias. Los roles jugados por el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), la Democracia Cristiana (DC), y, posteriormente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), resultan cruciales para comprender la relación que entablará el movimiento con los distintos proyectos políticos en disputa en esa época.

Durante la Unidad Popular (1970–1973), los pobladores mostraron claros signos de radicalización con la ocupación ilegal de más de trescientos predios en Santiago (Reference CofréCofré 2011). Para entonces, Manuel Castells (Reference Castells1973) señalaba que la particularidad del movimiento de pobladores no residía únicamente en la reivindicación urbana (crisis de la vivienda), sino en su articulación con la lucha de clases y las distintas estrategias políticas que la expresaban, desde el proyecto populista promovido por la DC hasta la construcción de poder popular sustentada por el MIR. No obstante, el golpe de Estado de 1973 frenaría drásticamente el avance del movimiento de pobladores, tanto por la persecución de sus principales dirigentes como por la intervención militar de las “poblaciones” (barrios populares).

En este primer ciclo de protesta, el poblador emerge tanto por la ejecución de prácticas política y sociológicamente significativas —la toma de terrenos y los procesos de autoconstrucción— como por la producción de saberes de las ciencias sociales.Footnote ⁶ La mera existencia de ocupaciones ilegales —de larga data en Santiago— parece no constituir, por sí misma, al tipo de subjetividad política en cuestión. Sin embargo, es sólo a través de la masificación de las tomas y, consecuentemente, de la producción popular del espacio cuando los pobres de la ciudad adquirieron un carácter político reconocido socialmente, hecho que los convirtió en objeto de escrutinio sociológico.

Una de las aproximaciones más difundidas sobre los pobladores provino de la teoría de la marginalidad, la que los entendió como un segmento estructuralmente incapacitado de participar en las orientaciones generales de la sociedad (Reference Vekemans and SilvaVekemans y Silva 1969). Los marginales, en tanto población excluida política, cultural y económicamente, seguirían con dificultad los procesos históricos de modernización al desarrollar un sistema de valores y actitudes distintos, e incluso contrarios, a los del sistema social. Bajo el riesgo de que los marginales fueran caldo de cultivo de tendencias radicales, Vekemans y los intelectuales del Centro para el Desarrollo de América Latina (DESAL) abogaron por la intervención del Estado en la asistencia y organización de los pobres urbanos, lo que dio origen al programa de Promoción Popular del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964–1970).

No obstante, la creciente movilización urbana del periodo, la radicalización del discurso de los pobres organizados y las experiencias socialmente transformadoras de algunos campamentos (Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano 1972), cuestionaron las premisas de la teoría de Vekemans. Las principales críticas provinieron de intelectuales que dieron cuerpo a elaboraciones conceptuales donde el poblador es examinado como un sujeto político por derecho propio (Reference Pastrana and ThrelfallPastrana y Threlfall 1974) aunque muchas veces dependiente de los partidos de izquierda (Reference CastellsCastells 1983). El poblador, como “productor del espacio urbano” (Reference EspinozaEspinoza 1988, 9), revelaba entonces la capacidad de agencia de los pobres urbanos en un periodo donde lo construido no eran sólo casas y barrios, sino un proyecto alternativo de sociedad. Así, las formulaciones académicas en torno a esta etapa del movimiento de pobladores han resaltado el carácter creador del poblador ya sea indicando que dicha categoría no denota un mero habitar informal sino un sujeto capaz de constituirse como un actor social (Reference GarcésGarcés 2002; Reference CortésCortés 2014).

Segundo ciclo de protesta (1983–1989): Los allegados

La dictadura de Pinochet (1973–1990), junto con reprimir drásticamente a los distintos sectores que hasta los setenta promovieron la transformación radical de la sociedad, asumió un importante papel refundacional del orden social de los años venideros expresado en la generación de las condiciones para el desarrollo del neoliberalismo en la sociedad chilena (Reference GarretónGarretón 1983). Respecto a los pobladores, el régimen militar no sólo erradicó masivamente campamentos,Footnote ⁷ sino también modificó las orientaciones ideológicas de las políticas estatales. Dos de ellas resultan clave para comprender la redefinición de la acción poblacional a partir de esos años: (1) la mercantilización del derecho a la vivienda, concretada a través del Programa de Subvención a la Vivienda de 1978 y la desregulación del mercado de suelo derivada de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 —en la práctica, tales cambios implicaron que el Estado, hasta entonces encargado de la producción de viviendas, quedara restringido a la asignación de subsidios habitacionales—; y (2) la reorientación de las políticas públicas contra la pobreza, lo que implicó la construcción progresiva del pobre como sujeto beneficiario individual.

La acción poblacional, acallada durante los primeros años de dictadura tanto con una severa represión como con intentos paternalistas de administrar la crisis de vivienda,Footnote ⁸ reemergió a principios de los años ochenta. Durante las jornadas de protesta nacional contra la dictadura entre 1983 y 1986, los pobladores irrumpieron nuevamente como un actor social relevante (Reference IglesiasIglesias 2011) lo que llevó a algunos autores a plantear un desplazamiento de la acción del movimiento de pobladores desde la lucha por la vivienda a la lucha por la democracia (Reference OxhornOxhorn 2003).Footnote ⁹ Del mismo modo, frente a la profunda crisis económica, los pobladores generaron un sinnúmero de organizaciones comunitarias que buscaron la supervivencia familiar y la recomposición de los lazos sociales dañados por la violencia estatal. En efecto, hacia 1986 existían alrededor de setecientas organizaciones económicas populares en las cuales participaban alrededor de 120.000 personas (Reference IglesiasIglesias 2011). Por ello, una parte importante de la sociología de este periodo va a destacar la primacía de la acción comunitaria por sobre la proyección política.

La irrupción de nuevos actores sociales y políticos en el mundo poblacional fue también una característica importante del periodo. La Iglesia Católica, por ejemplo, cumplió un rol significativo tanto en la protección de los pobladores frente a la persecución militar como en la reconstrucción de los lazos comunitarios (Reference BañoBaño 1985). Paralelamente, nacieron organizaciones armadas de izquierda, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que trasladaron la acción política al seno mismo de las poblaciones. No obstante, la rearticulación de los partidos de centro-izquierda y la progresiva desconfianza que fueron generando hacia las acciones contestatarias de los sectores populares (Reference Peñafiel, Borgeaud-Garciandía, Lautier, Peñafiel and TizzaniPeñafiel 2009), implicaron un repliegue cada vez mayor de las organizaciones poblacionales. Aquello significó, a la larga, la creciente marginalización de los pobladores del debate político.

La represión sistemática contra el movimiento popular durante la dictadura, así como la política masiva de erradicaciones y el advenimiento de un nuevo régimen de asignación de vivienda basada en el subsidio habitacional, marcarán un punto de quiebre en los modos de subjetivación de los pobladores. Incapacitados de resolver la crisis de vivienda mediante las ocupaciones masivas, la problemática habitacional adquirió una nueva dimensión asociada a la expansión de la condición de allegamiento (hacinamiento). Para entonces, Necochea (Reference Necochea1987) describía a los “allegados” como familias preferentemente jóvenes viviendo en una de estas cuatro situaciones: (1) en tanto hogares económicamente dependientes compartiendo una vivienda con otra familia; (2) como una familia económicamente independiente residiendo en la casa de otra familia; (3) como un hogar que, habiendo recibido una porción de suelo en una propiedad residencial, construye una vivienda dentro de ella; y (4) como arrendatarios de una pieza o vivienda dentro de una propiedad residencial. El autor, además, precisa que hacia 1983 existían más de 150.000 núcleos de allegados quienes, en su mayoría, habitaban en superficies menores a veinte metros cuadrados.

La menor reivindicación urbana en la esfera pública, según fuera materializada en las décadas anteriores en las ocupaciones de terreno, modificó substancialmente las formas en que la categoría poblador fuera analizada por las ciencias sociales. El concepto en cuestión pasó a denotar menos a una serie de prácticas de producción del espacio que a constatar un modo de habitación marginalizado. Aquello se hace explícito en el trabajo de Jorge Chateau y Hernán Pozo (Reference Chateau, Pozo, Chateau and Pozo1987, 23), donde se propone una definición operacional de poblador en el que la ausencia de movilización es patente. La subjetividad del poblador, en este caso, quedaría reducida al mero acto de habitar un barrio precarizado sin necesidad de mediación política entre el individuo popular y la vida urbana.

Tercer ciclo de protesta (1999 a la actualidad): El nuevo poblador

El fin de la dictadura en 1990 resultó paradójico para los pobladores. Aun siendo activos partícipes en la lucha por la democracia, los pobres urbanos serían excluidos del debate público (Reference PaleyPaley 2001; Reference OxhornOxhorn 2004). La consolidación de los consensos sociales básicos para la transición a la democracia mostraba ya algo que será característico del periodo actual, a saber, el distanciamiento progresivo entre las organizaciones de pobladores y los partidos políticos tradicionales. A partir de entonces, la desmovilización de la sociedad chilena, que afectó particularmente a los sectores populares, se transformaría en un tópico central del debate académico (p. ej. Reference PaleyPaley 2001). En un ambiente menos agitado políticamente, el nuevo desafío correspondía a la articulación entre el crecimiento económico y la integración social, todo ello en un contexto social y político marcado por la hegemonía del mercado como principio central de racionalidad.

El movimiento de pobladores mostró, sin embargo, indicios de rearticulación cuando ochocientas familias ocuparon ilegalmente un terreno en la comuna de Peñalolén en 1992, dando origen al Campamento Esperanza Andina. Dicha toma de terrenos sería vista como un llamado de alerta a la nueva democracia, enfrentada a un significativo déficit de vivienda heredado del periodo anterior.Footnote ¹⁰ No obstante, la reivindicación urbana permanecerá relativamente aislada respecto a otros conflictos sociales, así como también de los partidos de centro-izquierda que tradicionalmente la apoyaban o conducían.

En ese marco, el gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia desarrollaría una política de construcción masiva de viviendas sociales. Entre 1990 y 2002, el Estado construyó aproximadamente 1.270.000 viviendas sociales (Reference Hidalgo, Castillo and HidalgoHidalgo 2007), esto es, un promedio de 100.000 unidades por año. Tales políticas gatillaron un cambio significativo en la condición habitacional de los pobladores, lo que ha autorizado a ciertos autores a hablar de pobres propietarios o pobladores “con techo” (Reference TironiTironi 2003; Reference Sabatini and WormaldSabatini y Wormald 2004; Reference Rodríguez and Ana SugranyesRodríguez y Sugranyes 2005) como los principales agentes de los procesos de movilización actuales. Más allá del éxito relativo en la reducción déficit de viviendas,Footnote ¹¹ la política subsidiaria llevó a una expulsión creciente de los pobres hacia la periferia de la ciudad (Reference Castillo and ForrayCastillo y Forray 2014), transformándose así en un dispositivo de reproducción de la pobreza urbana.

Como un aviso temprano de los límites de dicha política, 1.700 familias ocuparon veinticuatro hectáreas de terreno en la misma comuna de Peñalolén en julio de 1999, dando origen a la célebre Toma de Peñalolén (Reference SalcedoSalcedo 2010). Además de establecer una continuidad con el repertorio de acción tradicional del movimiento de pobladores, tanto Esperanza Andina como la Toma de Peñalolén presentaron otra característica que va a determinar la reivindicación urbana tradicional del movimiento: la disputa de terrenos en áreas altamente rentables desde el punto de vista inmobiliario. A partir de entonces, las organizaciones de familias sin casa van a demandar, junto a la vivienda, la permanencia en sus comunas de origen, cuestión que ha posibilitado la emergencia de un discurso por el derecho a la ciudad al interior del movimiento de pobladores (Movimiento de Pobladores en Lucha 2011).

Aunque las ocupaciones de Peñalolén captaron notoriamente la atención de la opinión pública, en la década siguiente, las tomas de terrenos en Santiago —según fueran observadas en las décadas precedentes— desaparecieron casi por completo del repertorio de acción de los pobladores.Footnote ¹² Los pocos intentos llevados a cabo por ellos fueron rápidamente contenidos por la acción estatal. Aquello no ha significado, no obstante, la vaporización de los pobladores como sujetos políticos. Es justamente aquí donde vale preguntarse por las rearticulación de subjetividades políticas del mundo popular chileno. ¿Cómo entender la ubicuidad del término poblador en tanto categoría agencial usada y reivindicada por los pobres urbanos cuando las prácticas que le dieron origen ya no son parte fundamental de su repertorio de acción?

Desde los años noventa, las ciencias sociales han usado al poblador para mostrar el devenir de una subjetividad política formada a través de las luchas urbanas que, ante la arremetida de la democracia neoliberal, cayó insoslayablemente en procesos de desmovilización (Reference PaleyPaley 2001). En esta dirección, autores como Özler (Reference Özler2012) indican que la proliferación de comités de allegados a través de los cuales las familias vulnerables canalizan su demanda por vivienda social no son sino una instancia predilecta de pacificación de las demandas popular.Footnote ¹³ Concurrimos, por ende, a un periodo donde escasean marcos referenciales que nos permitan analizar a los pobladores como una clase de subjetividad capaz de intervenir políticamente en la sociedad postdictatorial.

En la década pasada, la ciudad de Santiago presenció el nacimiento de numerosos comités de allegados que, en 2010, dieron vida a la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO), una instancia federativa que, según su vocero Rafael Soto, actualmente reúne a cerca de treinta asambleas de vivienda a nivel nacional en las que participan más de cuatro mil familias. En Santiago, la FENAPO alberga a organizaciones provenientes de comunas como La Pintana, La Florida, Lo Barnechea, Peñalolén, Santiago Centro, San Joaquín, y San Bernardo, entre otras, al tiempo que mantiene relaciones con otras federaciones de vivienda de América Latina afiliadas a la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular.

La lucha de la FENAPO contra las políticas exclusionaria de vivienda (Reference Castillo and Forrayver también Castillo y Forray 2014), se observa un nuevo lenguaje político por el derecho a la ciudad, a la vivienda y la vida digna que depende de la conformación de un “un nuevo poblador” capaz de reconstituirse como sujeto político según se reencuentre con la “memoria histórica” del movimiento que le dio origen (Reference Guzmán, Renna, Sandoval and SilvaGuzmán et al. 2009, 17). En un boletín de difusión de mayo de 2011, la FENAPO hacía públicos los lineamientos estratégicos y orgánicos de la nueva estructura federativa señalando que la lucha por la vivienda digna descansa en el surgimiento de “un nuevo sujeto [que] a través del diálogo y la solidaridad forme una comunidad capaz de luchar por el derecho a la ciudad y la construcción de un nuevo barrio”.

Tal aseveración nos invita a preguntarnos por los mecanismos de subjetivación de los pobladores cuando sus prácticas políticas parecen restringidas a las acciones desplegadas en organizaciones sociales normadas por el Estado. El material etnográfico que da origen a este artículo da importantes luces al respecto, sobre todo cuando atendemos al discurso de las bases sociales y a cómo ellos significan su situación de pobreza y allegamiento desde su participación en comités de vivienda. Veamos lo que dice Paula, miembro del Comité de Allegados Don Bosco de La Florida, quien vive de allegada hace más de veinte años en la Población Nuevo Amanecer: “Los pobladores para mí son los que luchan por lo que quieren… Porque hay pobres-pobres que se dejan ser pobres… [En cambio] uno lucha por tener lo de uno. Yo soy pobre, pero estoy luchando por tener algo mejor y salir de ahí de ese lado, de esa pobreza” (28 de enero del 2014).

Nuestros hallazgos nos permiten afirmar que la categoría poblador, al interior del movimiento por la vivienda, refiere a un sujeto de derechos que nace de una doble condición: la de necesidad material y la de una movilización personal y colectiva por mejorar su situación de carencia. De tal manera, el poblador sería aquél que, buscando trascender las determinantes materiales que impone la pobreza, reivindica derechos para la obtención de mejores niveles de vida para su familia. Las palabras de Paula muestran una distinción generalizada en el discurso de los pobladores, la que establece una diferencia significativa entre un sujeto “poblador” que lucha por alcanzar sus aspiraciones y un sujeto “pobre” que, si bien comparte la condición de clase como el primero, difiere en los modos de enfrentar la pobreza: mientras el poblador buscaría salir de la pobreza, el pobre estaría voluntariamente sometido a ella.

Dicha dualidad debe entenderse menos como una distinción empírica que como un modo de significar la experiencia de los pobres en su diario vivir. La categoría poblador, al congregar ciertos elementos valorados positivamente por sociedad, permitiría articular entonces el despliegue de una subjetividad que dignifica a los pobres. Tal proceso de construcción estaría particularmente consolidado en instancias como los comités de allegados donde los pobladores hacen de su deseo por “salir adelante” una demanda política.Footnote ¹⁴ Para los pobladores, el involucramiento en asambleas de vivienda y el ahorro familiar para postular a subsidios estatales —participación que puede extenderse por más de ocho años hasta la construcción de la vivienda— es visto como un proceso prolongado, fatigoso y muchas veces colmado de frustraciones que involucra un esfuerzo cotidiano en la familia. Consecuentemente, los valores asociados a la idea de sacrificio asumen una jerarquía discursiva entre los pobres de la ciudad al momento de comprenderse como pobladores.

En una vida cotidiana organizada en torno a las nociones de sacrificio y esfuerzo, no está sólo el deseo de subvertir las condiciones de existencia, sino también la formación misma del poblador como sujeto capaz de intervenir en la esfera pública y demandar derechos al Estado. Para los pobladores, la legitimación de sus derechos pasa por el reconocimiento de su condición agencial vinculada al ejercicio permanente de esos derechos. Dicho de otro modo, si los pobladores son capaces de reivindicar derechos es porque conciben que su demanda está directamente asociada al esfuerzo invertido en ella. El hecho de asistir asambleas o el gasto familiar para depositar mes a mes en la libreta de ahorros son vistos, por tanto, como elementos legitimadores de sus demandas. Rosa, otra participante del Comité de Allegados Don Bosco, plantea dicha problemática de esta manera: “Hay que luchar [por la vivienda] porque tampoco puede ser todo regalado… Aunque sea un derecho [tener una casa] también me tengo que sacrificarme para tenerla… Yo pienso que todo puede ser un derecho, todo, todo. Pero todo también hay que ganárselo” (4 de febrero del 2014).

Tal comprensión de los derechos está crudamente materializada en diversos comités de allegados de Santiago que disponen de mecanismos de evaluación de sus participantes donde aquellos que no se involucran decididamente en los asuntos comunes —por ejemplo, pago de cuotas, asistencia a marchas y asambleas— son moral y políticamente cuestionados. Las penas que pudimos constatar van desde simples acusaciones de “aprovechador” o “flojo” hasta la expulsión del comité.

El concepto de poblador —anclada en el reconocimiento del pobre como sujeto capaz de reivindicar derechos— albergaría aquellos valores socialmente aceptados mediante los cuales los pobres urbanos se conciben a sí mismos como actores políticos. Si la sociedad neoliberal segrega, margina y desmoviliza a amplios sectores de la población, la rearticulación de una subjetividad popular pobladora se vuelve una estrategia viable para, como en las décadas pasadas, interpelar al Estado. A continuación, discutiremos las formas en que ocurre dicha interpelación.

La lucha por la vivienda digna

Trabajos etnográficos recientes (Reference HanHan 2012; Reference MurphyMurphy 2015) han destacado la importancia del término dignidad para los pobladores al momento de describir la trayectoria de sus barrios, especialmente en aquellos que resultaron de los procesos reivindicativos de los años sesenta y setenta. Para Edward Murphy (Reference Murphy2015), dicho concepto es utilizado para aludir a las conquistas alcanzadas a través de la movilización en décadas pasadas y para criticar las condiciones de vida actuales, entendidas como indignas, fuertemente condicionadas por la segregación social. Sin embargo, tal como el propio autor señala, actualmente la búsqueda de una vida “dignificada” (Reference MurphyMurphy 2015, 244) es un asunto fundamentalmente privado, que no se traduce en una demanda dirigida hacia el espacio público. A partir de nuestro trabajo, quisiéramos mostrar cómo el significante dignidad, si bien es empleado para representar la forma en que la exclusión social afecta la construcción de la identidad personal, constituye, al mismo tiempo, una pasarela semántica (Reference HonnethHonneth 2010) para criticar el modelo de desarrollo chileno. En este sentido, el uso del vocablo dignidad no se restringe al ámbito privado (Reference AngelcosAngelcos 2012), pues permite la articulación entre los sentimientos de indignación (Reference Boltanski and ChiapelloBoltanski y Chiapello 2010) que caracterizan el registro moral de los pobres urbanos y las demandas sociales y políticas del movimiento.

En un Congreso realizado por la FENAPO el 15 y 16 de enero del año 2011,Footnote ¹⁶ delegados de las distintas organizaciones de pobladores discutieron las principales críticas a la política nacional de vivienda. La federación denunciaba la mala calidad de vida asociada a las soluciones habitacionales promovidas por el Estado. Aquí, los pobladores cuestionaron principalmente el hacinamiento sufrido debido al tamaño de las viviendas entregadas y la precariedad de las construcciones, un elemento que da cuenta del posicionamiento de esta organización en torno a calidad de los proyectos habitacionales del Estado.

Si bien las críticas tienen una dimensión material importante referida al tipo de vivienda ofrecida y la imposibilidad de acceder a terrenos bien localizados —hechos igualmente descritos por Castillo y Forray (Reference Castillo and Forray2014)—, ellas hablan también de componentes morales asociados a la construcción identitaria de los pobladores (Reference HonnethHonneth 2010).Footnote ¹⁷ Es por ello que la tradicional demanda por vivienda pasa a ser concebida como una lucha por la “vivienda digna”. Aunque aquella exigencia se expresa en reivindicaciones tan concretas como el tamaño de la vivienda y su localización, éstas deben entenderse como el contenido de una lucha de mayor alcance contra, siguiendo a Honneth (Reference Honneth2010), el desprecio del Estado a la capacidad de agencia de los pobladores. Es en dicho proceso donde el poblador se reconstruye como subjetividad política. Esto puede observarse en un comunicado del Movimiento de Pobladores en Lucha realizado el 2006, a propósito de la Nueva Política Habitacional propuesta por el primer gobierno de Michelle Bachelet: “La creación de esta nueva política, que aumenta considerablemente el monto del subsidio habitacional que entrega el Estado, ES PRODUCTO DE LA LUCHA DE LOS POBLADORES, que durante años nos organizamos y movilizamos por la vivienda digna en nuestras comunas, poniendo las demandas sobre la mesa de los gobernantes, exigiendo y ejerciendo nuestro derecho, incluso, a través de la toma de terrenos” (Movimiento de Pobladores en Lucha 2006, énfasis en el original).

El texto recién citado revela que, mediante la reivindicación por vivienda, el Movimiento de Pobladores en Lucha critica las precarias condiciones de vida de los pobres y el sufrimiento que trae consigo. De hecho, estas circunstancias son vistas como una condena que la política de vivienda se esfuerza en reproducir, aun cuando el gasto orientado a la subvención de la demanda haya aumentado “considerablemente”. La lucha, al contrario, aparece como el medio a través del cual los pobres devienen dignos: si la nueva política habitacional puede representar un avance relativo de las demandas de los pobladores, dicho avance solamente descansa en la movilización política.

Ahora bien, el acceso a la vivienda reclamado por los pobladores no se basa en una aspiración individual, tal cual como promueven las políticas de subsidio a la demanda impulsadas por el Estado, sino en la exigencia de un derecho que debe ser asegurado por éste. A diferencia del tratamiento de la vivienda como una mercancía que se subvenciona o como un bien directamente cedido, la concepción de ella como un derecho social supone una relación conflictiva con la política. A este respecto, un poblador nos entrega su opinión: “Esto primero parte por la vivienda… que es la necesidad básica de cada poblador… y de todas las personas, tengan plata o no tengan plata, sean ricos o pobres, todos tienen la necesidad básica de tener un lugar donde vivir. El que tú no tengas los recursos económicos para tener de forma inmediata tu lugar donde vivir no es justo” (Marcelino, Movimiento de Pobladores en Lucha de Peñalolén, 15 de noviembre del 2010).

Marcelino muestra cómo la condición de carencia material, tal cual como lo hemos planteado anteriormente, se relaciona directamente con la vivienda (“es la necesidad básica de cada poblador”); sin embargo, esta última aparece como un derecho universal que debe ser garantizado a todas las personas (“sean ricos o pobres”). Es sobre esta igualdad constitutiva de la vivienda como derecho que los pobladores pueden reclamar la injusticia que significa el ser excluido. La dignidad, de tal manera, es un significante que emerge en un contexto donde la igualdad puede ser reivindicada. Es precisamente a través de la demanda por un derecho a la vivienda digna que los pobladores pueden reclamar el igual respeto con el resto de la sociedad y, a partir de ahí, reclamar el derecho a una “vida digna”.

La demanda territorial como un derecho a la ciudad

Al revisar distintas declaraciones de la Federación Nacional de Pobladores o cualquier otro documento programático de los comités de allegados mayormente movilizados, resulta relevante apuntar que el “derecho a la ciudad” ha emergido con fuerza como una reivindicación que acompaña al reclamo por la vida digna y la demanda territorial de la FENAPO. La utilización discursiva del derecho a la ciudad nace, señalan los pobladores, del hecho que las políticas subsidiarias de vivienda les impedirían obtener soluciones habitacionales dignas en sus barrios de origen fomentando, por ende, el desarraigo de los allegados con sus comunidades.

Inicialmente propuesto por Henri Lefebvre (Reference Lefebvre, Kofman and Lebas1996), el derecho a la ciudad es un concepto que se ha impuesto progresivamente en el análisis crítico de los conflictos urbanos. Hacia finales de los sesenta, Lefebvre afirmaba la necesidad de comprender desde una perspectiva marxista la aparición de lo que él llamó la sociedad urbana, a saber, una formación histórica donde la urbanización reemplazaría a la industrialización como el contenido y el significado de las relaciones sociales. En esa tarea, el filósofo francés usó el concepto de derecho a la ciudad para examinar la emergencia de una nueva política donde las reivindicaciones laborales propias de la ciudad industrial cederían en importancia ante demandas propias de un habitar urbano organizado por niveles crecientes de segregación.Footnote ¹⁸

Aunque, argumenta Lefebvre (Reference Lefebvre, Kofman and Lebas1996, 132), las ciudades son como obras de arte dispuestas a ser apropiada por sus productores, el avance de la industrialización —y la generalización de las mercancías que trajo consigo— transformó la relación existente de los habitantes con los espacios urbanos al intentar suprimir la ciudad como creación: “la racionalidad económica y productivista busca empujar más allá de sus límites la producción de productos (objetos intercambiables con valor de cambio) mediante la supresión de la obra [de arte]”. De esta manera, el derecho a la ciudad de Lefebvre busca restablecer la ciudad en tanto producto digno de ser producido y apropiado por los habitantes; de ahí que, sostiene él, éste comprenda el derecho a usar, habitar y representar el espacio así como el derecho a producirlo.

En las últimas décadas, un sinnúmero de trabajos académicos han hecho del derecho a la ciudad un marco de análisis para el escrutinio de movilizaciones sociales en distintas latitudes.Footnote ¹⁹ Ante la constatación de que el derecho a la ciudad es reivindicado en una diversidad de contextos como medio para conseguir una multiplicidad de fines, se hace necesario problematizar los alcances políticos de dicho concepto. Para David Harvey (Reference Harvey2012, 15), el concepto en cuestión es, en efecto, un “significante vacío” pues su cualidad referencial depende del contenido político específico que le suministren los movimientos sociales, no existiendo una definición normativa a priori del proyecto político asociado a las demandas por el derecho a la ciudad.

¿En qué consiste el derecho a la ciudad reivindicado actualmente por los pobladores que viven en condiciones de allegamiento? Primero, se trata de un reclamo efectuado por quienes, asumiéndose como depositarios de ciertos derechos territoriales, denuncian la negación de tales derechos por parte del Estado y sus políticas urbanas. Segundo, este derecho parece no tener un fin revolucionario de derribar el Estado —aunque sea éste el objeto de sus críticas—, sino de apropiarse de espacios sentidos como propios para darles un uso alternativo al otorgado por una urbanización neoliberal que los tranza en el mercado de suelos.

Ahora bien, ¿qué territorio es el que disputan los pobladores a través de la lucha por la vivienda digna? Como ya lo hemos esbozado, se refiere a la comuna donde los allegados han constituido sus trayectorias familiares y donde, por tanto, disponen de una suma de redes sociales que le facilitan su diario vivir. De hecho, la exigencia de derechos territoriales es frecuentemente argumentada con opiniones en torno a la inseguridad que provoca ver amenazada la estabilidad de las redes de apoyo familiares y vecinales. Dos citas ayudan a ilustrar la relación que, en el discurso de los pobladores, existe entre la demanda por derechos territoriales y la importancia de preservar las redes comunitarias ya construidas:

La reivindicación por el derecho a la ciudad, verbalizada en el deseo de quedarse en las comunas de origen, demuestra que la lucha de los comités de allegados es principalmente una lucha contra la segregación, el desarraigo y la imposibilidad de continuar trayectorias familiares estructurados territorialmente, fenómenos inducidos hace largo tiempo por la política habitacional chilena (sobre este último punto, Reference Ducciver más en Ducci 1997; Reference Rodríguez and Ana SugranyesRodríguez y Sugranyes 2005; Reference Castillo and ForrayCastillo y Forray 2014). ¿Esto significaría, como lo han planteado algunos autores (Reference Sabatini and WormaldSabatini y Wormald 2004; Reference Roberts and PortesRoberts y Portes 2006), el desplazamiento definitivo de los conflictos urbanos desde el problema de la vivienda hacia una lucha por la ciudad? La evidencia recabada no nos permite afirmar tal hipótesis. No se trata, sostenemos, de distinguir la dimensión espacial de los conflictos urbanos (posición relativa en la ciudad de quienes disputan el suelo urbano) de su dimensión de clase (acceso a equipamiento básico como la vivienda), sino de comprender cuál es la articulación entre ambas; esto es, cómo el movimiento por la vivienda se constituye también como una lucha por la ciudad al inscribir territorialmente sus exigencias al Estado. En ese sentido, nuestros hallazgos demuestran que la demanda territorial de la FENAPO es difícilmente administrable en un contexto donde, según afirma Pablo Trivelli (Reference Trivelli2011), el problema habitacional se deriva menos de la falta de suelo urbano que del encarecimiento sostenido de los terrenos.

La pregunta es, entonces, si efectivamente la lucha por el derecho a la ciudad representa un punto de quiebre para el movimiento o si ya estaba presente en los ciclos de protesta anteriores. En principio, hay ciertos elementos que nos permiten plantear una cierta continuidad respecto a periodos precedentes. De hecho, señalamos previamente que las ocupaciones de suelo desarrolladas desde los años cincuenta tuvieron la capacidad de cambiar la fisonomía de la ciudad transformando, de acuerdo a los intereses de los sin casa, las jerarquías urbanas. ¿Entonces dónde radicaría lo nuevo? El cambio fundamental que se vislumbra en la actualidad estaría, como se explicita más arriba, en que las tomas de terreno y la producción popular del espacio ya no serían el mecanismo de subjetivación principal utilizado por los pobladores, aun cuando siga siendo parte de su repertorio de acción. Así, es significativo destacar que, desde 1999 —año de la última gran ocupación de suelos en Santiago (Reference SalcedoSalcedo 2010)—, los pobladores demandan al Estado, a través de comités de allegados y otros mecanismos formales de participación ciudadana, su sitio en la ciudad.

La lucha por la vida digna

Tal como señalamos al comienzo de esta sección, el significante dignidad permite establecer una pasarela semántica entre los distintos sentimientos de indignación que estructuran el repertorio moral de los pobladores y las diferentes críticas que realiza el movimiento al modelo de desarrollo en Chile. Consecuentemente, la reivindicación por la vida digna aparece como el horizonte normativo que da sentido a la lucha por la vivienda y la ciudad, más allá de su dimensión estrictamente material.

En un documento programático del Movimiento de Pobladores en Lucha, se define a la vida digna como el horizonte político del movimiento: “La vida digna no es vivir mejor que otros o vivir mejor que antes, sino es una opción que se expresa en el reconocimiento del comportamiento, de la diversidad y la experiencia de vida de nuestros pueblos. Esta no representa un ideal externo, sino un horizonte construido desde la propia gente, de sus sueños, deseos y anhelos de vivir bien”. Así concebida, la vida digna opera como un referente normativo para designar la “vida buena” (Reference HonnethHonneth 2010) que está detrás de los distintos significados de dignidad que moviliza el movimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las características del “reconocimiento del comportamiento, de la diversidad y la experiencia de vida de nuestros pueblos”? Un componente fundamental, tal cual fue caracterizado por distintos sociólogos en los años ochenta (Reference BañoBaño 1985; Reference CamperoCampero 1987; Reference Dubet, Tironi, Espinoza and ValenzuelaDubet et al. 1989), sería la colectividad, es decir, la comunidad tanto como soporte de la experiencia de la pobreza como horizonte donde los pobladores pueden reconocerse:

Luchar en conjunto y organizarse representaría una posibilidad de recuperar los componentes comunitarios presentes en la historia del pueblo chileno y que estarían siendo actualmente amenazados por los principios individualistas que estructuran su modelo de desarrollo. Si se recupera esta dimensión comunitaria de la experiencia social, dicen los pobladores, se puede aspirar a una vida digna. Detrás de la lucha, se encontraría el deseo de formar una comunidad diferente. Quisiéramos, por tanto, cuestionar la interpretación que la sociología le dio tradicionalmente a la lógica de acción comunitaria que orienta al movimiento. Las diferentes investigaciones realizadas en los años ochenta parecerían sugerir que la lógica comunitaria es sobre todo una lógica defensiva, provocada por la situación de exclusión social y política sufrida bajo la dictadura, lo que impediría el desarrollo de una acción política de carácter instrumental. Si bien consideramos que efectivamente la comunidad es un soporte fundamental desde el punto de vista material e identitario, ésta nutre el proyecto afirmativo promovido por las distintas organizaciones de pobladores. A diferencia de las orientaciones tradicionales de los partidos de izquierda, las nuevas organizaciones critican la estructuración de lo social y lo político desde una perspectiva distinta cuyo horizonte ético es la comunidad.

La vida digna, en tanto elemento afirmativo de la lucha de los pobladores, es así un horizonte que da sentido a los niveles anteriores y que permite abandonar, al menos parcialmente, el carácter particular de la demanda por vivienda. Es en ese ejercicio que los pobladores buscan articularse con otros actores sociales en la promoción y defensa de valores comunitarios negados por la racionalidad de mercado que estructura el modelo de desarrollo chileno. Sin embargo, es justamente aquí donde el movimiento de pobladores no muestra la misma capacidad de transformar el sistema político que en períodos anteriores; de ahí la relativa invisibilización de su existencia.