En la Declaratión Final de la Conferencia Internacional para la Protectión de las Víctimas de la Guerra (Ginebra, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993), la Conferencia se comprometió a aplicar medidas concretas contra las violaciones graves del derecho intemacional humanitario, en los términos siguientes:

«Teniendo en cuenta esta declaración, reafirmamos la necesidad de reforzar la eficacia de la aplicación del derecho intemacional humanitario. Con este espíritu, solicitamos que el Gobierno suizo reúna un grupo intergubernamental de expertos de composición no limitada encargado de dar con los medios prácticos para promover el pleno respeto de este derecho y la aplicación de sus normas, así como de preparar un informe para los Estados y para la próxima Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.»

Hace tiempo que era necesario reconsiderar el derecho relativo al uso de la fuerza en el mar a la luz de los nuevos métodos y medios de hacer la guerra en el mar y de los importantes cambios registrados en otras ramas del derecho intemacional directamente relacionadas con este tema. Esta necesidad queda reflejada en la Resolución VII de la XXV Conferencia Intemacional de la Cruz Roja en la que se toma nota de que «algunos aspectos del derecho intemacional humanitario relativos a la guerra en el mar requieren reafirmación y clarificación sobre la base de los principios fundamentales vigentes del derecho intemacional humanitario» y, por lo tanto, se insta a «los gobiemos a que coordinen sus actividades en los foros apropiados, a fin de examinar la necesidad y la posibilidad de actualizar los textos pertinentes del derecho intemacional humanitario relativo a la guerra en el mar»

La XXVI Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tan largo tiempo esperada, ha adquirido una dimensión casi mítica en nuestro Movimiento. Hablamos de ella, en cierto modo, como si se tratara del soldado acantonado en un fuerte, esperando a los tártaros, en una célebre obra de Dino Buzzati (El desierto de los tártaros), con una mezcla de esperanza y de aprensión.

Intentemos analizar ambos sentimientos con lucidez.

Desde el origen del derecho intemacional humanitario se ha reconocido la importancia de su difusión, que fue introducida como una obligación de los Estados en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos adicionales de 1977.

Tal medida resultaba, en primer lugar, de la comprobación de una evidencia: solo puede aplicarse el derecho si lo conocen quienes deben acatarlo y aplicarlo. El objetivo era doble; por un lado, utilitario: respetar, hacer respetar y, consiguientemente, prevenir las violaciones del derecho; por otro lado, moral: contribuir a la propagación de los ideales humanitarios y a un espíritu de paz entre los pueblos.

El Comité Internacional es una institutión de Cruz Roja; participa en las deliberaciones de las Conferencias Internacionales y de otros órganos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del cual es el fundador, pero también puede ser el destinatario de normas aprobActas por los órganos de la Cruz Roja Internacional.

La finalidad de la OMPI es fomentar el respeto, la protección y la utilización de la propiedad intelectual mediante la cooperatión de los Estados. Sus principales actividades son elaborar reglamentos internacionales y normas en el ámbito de la propiedad intelectual, especialmente mediante la concertación de tratados internacionales o leyes tipo; administrar los tratados que incluyen esos reglamentos y normas, así como los tratados que facilitan la clasificación de solicitudes de protección de invenciones, marcas de fábrica o de comercio, así como diseños y modelos industriales; proporcionar información acerca de la propiedad industrial, especialmente de índole jurídico-técnica, que figura en documentos que versan sobre las patentes y en el Registro Internacional de Marcas. La OMPI también realiza un programa sustancial de asistencia jurídica y técnica en favor de los países en desarrollo y de países en transición hacia una economía de mercado.

Los tratados más importantes de la OMPI son el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual (1883) y el Convenio de Berna para la protección de la propiedad literaria y artística (1971) (Convenios de París y de Berna). Para ser Parte en uno de los Convenios, un Estado ha de hacer avenir sus leyes nacionales de protección de la propiedad industrial (París) o de derecho de autor (Berna) con dichos Convenios.

La Asamblea General de las Naciones Unidas acogió favorablemente, en su resolutión 48/79 del 16 de diciembre de 1993, la petición que uno de los Estados Partes en la Convención de 1980 sobre ciertas armas (Francia) había efectuado al secretario general de la Organización para que convocase una conferencia de examen de las disposiciones de dicha Conventión en virtud de su artículo 8(3). En el párrafo 6 de dicha resolución, la Asamblea General animaba a los Estados Partes a que pidiesen al secretario general la designación de un grupo de expertos gubernamentales con el cometido de preparar la conferencia. Así lo hicieron, y el grupo de expertos constituido con tal finalidad celebró tres reuniones en 1994 y una en 1995. Siguiendo una decisión del grupo, la Conferencia de Examen se celebrará en Viena del 25 de septiembre al 13 de octubre de 1995.

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tendrá lugar en Ginebra, el mes de diciembre de 1995. La Conferencia es, sin duda, el más importante foro de la acción humanitaria. Es una fuerza de cohesión entre los Estados y los diversos componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuya historia está relacionada, desde sus orígenes, con la ciudad helvética. La XXVI Conferencia Internacional debería haberse celebrado en Budapest, el año 1991; pero, desafortunadamente, tuvo que aplazarse por problemas de índole política. Así pues, han transcurrido nueve años desde la última Conferencia, reunida también en Ginebra, el año 1986.

Cuando se creó, el CICR, reconociendo la imprevisibilidad e inevitabilidad de la guerra, tenía la esperanza de poder atenuar sus consecuencias más funestas, gracias a sus actividades humanitarias de protección y de sensibilización con respecto al derecho intemacional humanitario. Todas las actividades de la Institución tienen origen, pues, en la guerra: la asistencia médica y los socorros se prestan en función del número de víctimas, la protección a los prisioneros obra en favor «de las personas detenidas a causa de la situación»; la Agencia Central de Búsquedas intercambia mensajes familiares cuando se interrumpen las comunicaciones, busca a las personas desaparecidas a causa del conflicto, reúne a los familiares separados por los acontecimientos. Las únicas actividades que no responden exclusivamente a necesidades generadas por la guerra son la difusión del derecho y de los principios humanitarios y la cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El presente Manual de San Remo fue elaborado, de 1988 a 1994, por un grupo de juristas y de expertos navales que participaron, a ttulo personal, en una serie de Mesas Redondas convocadas por el Instituto Intemacional de Derecho Humanitario. Este compendio, que tiene por fmalidad exponer el actual derecho intemacional aplicable a los conflictos armados en el mar, contiene algunas disposiciones que pueden considerarse desarrollos recientes del derecho, pero la mayor parte de ellas enuncian la normativa jurdica actualmente vigente.

En su Declaración initial, la Conferencia internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra (30 agosto − 1 septiembre de 1993) solicitó que el Gobierno suizo reuniese un grupo intergubernamental de expertos, de composición no limitada, a fin de dar con los medios prácticos para promover la plena observancia del derecho internacional humanitario (DIH) y la aplicación de sus normas, y preparar un informe destinado a los Estados y a la próxima Conferencia internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El Consejo Federal suizo, que aceptó ese encargo, ha preparado dicha reunión de expertos (en adelante, los expertos) para los días 23 a 27 de enero de 1995.

El Gobierno suizo, tras haber pedido a todos los Estados invitados a la Conferencia para las Víctimas de la Guerra que le remitiesen contribuciones sobre las cuestiones que en su opinión debían abordar los expertos con prioridad, convocó, del 26 al 28 de septiembre de 1994, una reunion preparatoria (en adelante, la reunión preparatoria) en la que participaron 60 Estados y que tuvo por objetivo elaborar una base de trabajo para los expertos.

El día 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por consenso, una «Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado». Con este convenio concluía un proceso de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional, realizado a un ritmo excepcional, si se tiene en cuenta que el Comité Especial al que la cuadragésima octava Asamblea General (1993) había encomendado la elaboración de la Convención cumplió su cometido en menos de nueve meses.

No es nueva la preocupación suscitada por los efectos de determinadas armas convencionales, especialmente de las minas terrestres no es nueva. Si no hubiera existido tal preocupación, no se habría elaborado la Convención de 1980 sobre Armas Convencionales (CAC). Tampoco habrían realizado algunos de los estudios previos sobre esta cuestión organismos de las Naciones Unidas. Lo que sí es nuevo, es el acrecentado interés por los problemas que originan las minas terrestres, particularmente en el contexto postbélico. Sin embargo, toda una serie de factores obliga cada vez más a reconocer que, a pesar de la existencia de la CAC, ésta no ha servido para encarar el deterioro de este tipo de situaciones sobre el terreno desde que fue formulada (el Ejército estadounidense calcula que, de los 400 millones de minas terrestres sembradas desde la Segunda Guerra Mundial, 65 millones se han colocado en los últimos 15 años)

Fuente de vida y de bien, símbolo de fecundidad y de pureza, el agua es también portadora de temores, de riesgos y de peligros y es motivo de codicias y de conflictos. Sus múltiples funciones, tan necesarias las unas como las otras, la convierten en un recurso vital, cuyos uso y gestión el hombre siempre ha tratado de reglamentar. Pero, contrariamente al derecho aplicable en tiempo de paz, como evidencian los usos y las costumbres de las sociedades más antiguas o incluso los instrumentos jurídicos internos e internacionales de los tiempos modernos, en el derecho de los conflictos armados sobre el agua —expresa y tardíamente— solo versan algunas disposiciones. Esto es menos un reproche que una comprobación y podría explicarse por el hecho de que el agua es indispensable en todas las circunstancias. Abstracción hecha de las consecuencias de las catástrofes naturales en las que el agua puede ser amenazante y amenazada, algunas actividades humanas pueden surtir efectos nefastos y perjudiciales para el medio ambiente y los medios de supervivencia de la población, de los cuales el agua es el elemento básico. Basta evocar los efectos de la contaminación o de los conflictos armados. La experiencia de las guerras contemporáneas nos enseña, por desgracia, que la población civil y los bienes civiles están expuestos a las operaciones militares y que, en ciertos casos, la sed puede resultar más mortífera que las armas.

La finalidad de este breve análisis es, ante todo, hacer resaltar la importancia que tienen el derecho internacional humanitario y, en particular, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 para los refugiados y las personas desplazadas en su propio país (en adelante, personas desplazadas). Esta rama del derecho internacional no solo protege a esas categorías de personas cuando son víctimas de conflictos armados, sino que, además, sus normas, aplicadas escrupulosamente, permitirían impedir la mayoría de los desplazamientos.

Por otra parte, conviene señalar el cometido particular que desempeña el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, cometido en el que se aúnan la intervención jurídica y las actividades operacionales. Asimismo, se describe el cometido de los demás componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, el Movimiento).

Comenzaremos recordando algunas nociones de base del derecho internacional humanitario, para hablar, luego, brevemente, del cometido del CICR, y tratar el problema de los refugiados y de las personas desplazadas desde los puntos de vista jurídico e institucional. Para finalizar, haremos algunas observaciones en cuanto a la reflexíon en curso sobre las personas desplazadas.

La comunidad internacional se ha percatado recientemente de los efectos negativos que pueden tener, en los países afectados por crisis, algunas acciones de urgencia en las fases posteriores a la reanudación del desarrollo. Por ello, se ha puesto de moda el concepto de continuidad «urgencia-desarrollo». Se trata de conciliar las acciones que deben organizarse durante la fase de crisis aguda con las de etapas ulteriores.

Preámbulo

El CICR participa muy estrechamente en la Conferencia Intemacional para la Protectión de las Victimas de la Guerra (Ginebra 1993) y en los esfuerzos realizados para garantizar su seguimiento, que traducen las preocupaciones esenciales de su cometido y de su actión humanitaria sobre el terreno en los conflictos armados.

Basándose en su experiencia, ha redactado, en particular, el Informe sobre la protectión de las víctimas de la guerra que sirvió de base a la Conferencia de 1993 y para un documento, «Sugerencias del CICR» (abril de 1994), en el que se recogen las cuestiones que consideraba más importantes.

Para contribuir lo mejor posible al trabajo del Grupo intergubernamental de expertos, el CICR ha querido consultar también a los demas componentes del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En el primer número del Boletín Intemacional de las Sociedades de Socorro a los Militares Heridos (octubre de 1869), figura un llamamiento del Comité Internacional en favor de la ratificación de los artículos de 1868, adicionales al Convenio de Ginebra de 1864. Dicho llamamiento se dirige a los comités centrales de las Sociedades de Socorro para que actúen en ese sentido ante el respectivo Gobierno. El Comité recomienda, asimismo, la lectura de la obra de Gustave Moynier, Étude sur la Convention de Genève, que ha de servir de guía a los oficiales y a los médicos, en particular para que puedan comprender mejor las disposiciones del tratado de 1864, «refutar las objeciones de sus detractores y que, al demostrarles con ese acto una conquista de la civilización, les convierta en partidarios activos del mismo».

En el marco conceptual del Convenio de La Hay a de 1907 (IV) y del Protocolo de Ginebra de 1925 se prohibió la utilizatión de armas, en particular de armas tóxicas (armas químicas y biológicas), proyectiles o de materias destinadas a causar sufrimientos innecesarios. En los debates previos a la prohibitión del uso de las armas químicas, diplomáticos de todo el mundo calificaron su uso de «bárbaro y deshonroso», a causa de sus efectos en los soldados y las probables repercusiones indiscriminadas para la población civil. Es un logro universal el hecho de que actualmente sea inconcebible que la opinion publica mundial permanezca indiferente ante la suerte de la población civil atrapada por la guerra. A la vez que aumenta la atención internacional a la protección de la población civil en los conflictos armados internos, se reanuda el debate sobre la reglamentación de la conducta de las partes beligerantes mediante el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos.