La iniciativa de la Revista Internacional de la Cruz Roja de conmemorar el 50° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos es acertada y digna de elogio, dado su cometido de promover y hacer respetar el derecho internacional humanitario durante los conflictos armados, así como de fomentar la convergencia de ese derecho con el derecho de los derechos humanos —como se infiere de la progresiva sustitución de la expresión «derecho de la guerra» por la de «derecho internacional humanitario».

Hace cincuenta años…, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un hito en el desarrollo del derecho internacional. Se reconocía entonces que el punto central de referencia del sistema jurídico intemacional es el ser humano, cuyos derechos habían sido determinados durante la larga evolución de la historia constitucional.

Hoy parece perfectamente asumido que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos son parientes próximos. Repetida en multitud de ocasiones, esta afirmación se impone hoy en día a todos. A menudo se piensa que la estrecha relación entre estas dos materias existía y se percibía desde «el principio». Nada más alejado de la realidad. Antaño adscritas a categorías jurídicas distintas, sólo la asidua atención de los tratadistas modernos ha desvelado ese fondo común que parece predestinarlas a múltiples y fructíferos intercambios. Tratemos de aclarar esta relación.

Durante los últimos 50 años, la evolución de los principios de los que forman parte los derechos humanos ha tenido importantes repercusiones en el derecho international humanitario y en el derecho international en general. En los últimos añios, el movimiento en favor del reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres ha ejercido, con cierto resultado, su propia influencia en los derechos humanos. En 1979, por ejemplo, la comunidad international aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la que son Partes actualmente 155 Estados. Se está examinando la aprobación de un protocolo facultativo en el que se prevería la posibilidad de presentar quejas ante la Comisión para esa Convención. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nan centrado cada vez más su atención en los derechos humanos de la mujer y, como resultado, hay una amplia gama de estudios, informes y recomendaciones sobre varios aspectos de la cuestión. Así pues, el tema de la mujer es un punto firmemente establecido en el orden del día international de los derechos humanos.

En los últimos cincuenta años, la lucha contra la tortura ha sido uno de los principales temas de interés del derecho relativo a los derechos humanos. El primer texto jurídico internacional para prohibir específicamente la «tortura» fue la Declaratión Universal de Derechos Humanos (artículo 5). El primer tratado para prohibir la tortura, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), se aprobó poco después, en 1950. El año 1984, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas se convirtió en el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de nuestro tiempo.

En 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, se consideraba que los derechos humanos y el derecho humanitario eran campos separados. Desde la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán el año 1968, la situación ha cambiado drásticamente y ahora se considera que los dos ámbitos son ramas distintas de la misma disciplina. Son varios los factores que han contribuido a esta confluencia, entre los que se cuentan la importancia creciente del derecho penal internacional y la incriminación de las violaciones graves de los derechos humanos. Ése es el tema del presente artículo.

Son muchos los Estados que han debido afrontar, a lo largo de su historia, situaciones de disturbios interiores y tensiones internas, tan graves a veces que hicieron peligrar sus intereses esenciales. Esas situaciones, que se caracterizan por actos de rebelión y de violencia cometidos por facciones más o menos organizadas contra las autoridades, o entre las propias facciones, se distinguen de las calificadas como conflictos armados no intemacionales, en que la intensidad de tales actos es mayor. Para poner fin a esos enfrentamientos y restablecer el orden perturbado, las autoridades se sirven, con frecuencia de considerables efectivos policiales e, incluso, de las fuerzas armadas. Esto da necesariamente lugar a una alteración del estado de derecho, caracterizada por graves violaciones en gran escala de los derechos humanos, que causan sufrimientos generalizados entre la población.

El mes de abril pasado, el representante del secretario general de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos, señor Francis Deng, presentó a la Comisión de Derechos Humanos, en su 54° período de sesiones, un informe con una adición titulada Principios Rectores de los desplazamientos internos (en adelante, Principios Rectores). La Comisión aprobó por consenso una resolución, apoyada por más de 50 Estados, en la que, inter alia, toma nota de la decisión del Comité Permanente entre Organismos de acoger con satisfacción los Principios Rectores y alentar a sus miembros a que compartan dichos Principios con sus juntas ejecutivas, así como de la intención manifestada por el señor Deng de utilizar los Principios Rectores en su diálogo con los Gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Estos Principios son un hito importante en el proceso de elaboración de un marco normativo de aceptación general para la proteción de unos 20 a 25 millones de personas desplazadas internamente en todo el mundo.

El debate internacional sobre el tema de las personas desplazadas en el interior de su propio país, muy intenso en los últimos años, ha experimentado recientemente un desarrollo importante: la elaboración de los «Principios Rectores sobre el desplazamiento de personas en el interior de su propio país» (en adelante, Principios Rectores). Tienen la particularidad de reunir en un mismo documento elementos de tres ramas del derecho internacional público: derecho internacional humanitario, derecho de los derechos humanos y derecho de los refugiados. Esta combinación merece especial atención.

Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas no han cesado de proliferar, dando lugar a numerosas decisiones y voluminosos informes. En el presente artículo, se reseña cómo tales mecanismos se utilizan para aplicar el derecho internacional humanitario, entre otros el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. Para ello, se hace resaltar principalmente la práctica de los relatores designados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de investigar la situación de los derechos humanos en determinados países, así como la de los relatores y grupos de trabajo temáticos, a los que la Comisión ha encargado vigilar tipos específicos de violaciones graves de los derechos humanos dondequiera que se perpetren, en particular la experiencia del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la del representante del secretario general encargado de la cuestión de las personas internamente desplazadas, cuyo cometido es, a menudo, examinar los abusos cometidos en el contexto de los conflictos armados. Se hace referencia, asimismo, a dos innovadores mecanismos que funcionaron en El Salvador, a saber: la primera «comisión de la verdad», patrocinada por las Naciones Unidas, y el primer órgano de vigilancia de derechos humanos instituido como parte de un dispositivo global para supervisar la aplicación de un acuerdo de paz, auspiciado por las Naciones Unidas. Se mencionan igualmente algunas observaciones formuladas por los órganos de vigilancia de los tratados.

El 30 de octubre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión) aprobó su informe del llamado caso La Tablada. El caso se refiere a un ataque que 42 personas armadas realizaron contra un cuartel militar. Hubo un combate de aproximadamente 30 horas; resultaron muertos 29 de los atacantes y varios agentes del Estado. Los atacantes que sobrevivieron presentaron una denuncia a la Comisión, en la que alegan que los agentes del Estado violaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, Convención Americana) y varias normas de derecho internacional humanitario. En su informe, la Comisión examinó detalladamente su competencia para aplicar directamente el derecho internacional humanitario y respondió afirmativamente a esta cuestión

Con toda seguridad, el creciente número de miembros del Consejo de Europa y el consiguiente aumento del número de Estados Partes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) plantearán desafíos adicionales al nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos único, cuya sede permanente estará, a partir del 1 de noviembre de 1998, en Estrasburgo. Las hipótesis relativas al tipo de desafíos que deberá afrontar el nuevo Tribunal varían, pero conviene tener en cuenta la gran probabilidad de que aumente la cantidad de casos debidos a situaciones de conflicto que tal Tribunal deba dirimir.

En el fondo de la labor en favor de los derechos humanos yace el afán de proteger a las personas contra los abusos de poder o la negligencia de sus propios Gobiernos. A escala internacional, esto transfiere al Estado la responsabilidad del trato que el Gobierno da a sus ciudadanos, complementando el derecho internacional—más antiguo—relativo al trato debido a los extranjeros y el derecho de la guerra, que (en su origen) sólo se refería también al trato debido a los extranjeros.

1. Los Principios Rectores expuestos a continuatión contemplan las necesidades específicas de los desplazados internos de todo el mundo. Definen los derechos y garantías pertinentes para la protectión de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protectión y asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.

El 16 de septiembre de 1998, Burkina Faso ratificó el Tratado de Ottawa por el que se prohíben las minas antipersonal. El depósito de este 40° instrumento de ratificación al Secretario General de las Naciones Unidas, en Nueva York, significa que, el 1 de marzo de 1999, el Tratado se convertirá en derecho internacional vinculante para casi un tercio de los 130 Estados que lo firmaron.